14 de julio de 2021

Funcionarios podrían ocultar ingresos, compras y contrataciones

El gobierno de Nayib Bukele busca asestar otro golpe a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), al enviar una iniciativa a la Asamblea oficialista para reformar 13 artículos de la misma, en lo que diferentes abogados y diputados consideraron son un reflejo de los esfuerzos del Ejecutivo por obstruir el derecho a la información de la ciudadanía salvadoreña.

Entre las reformas propuestas por el oficialismo destaca la petición de que las declaraciones patrimoniales de probidad que cada funcionario presenta cuando inicia y finaliza su gestión sean declaradas como confidenciales. Con la iniciativa promovida por Bukele, sería imposible que la población conozca de otros casos de aumentos patrimoniales sospechosos en funcionarios.

Sobre ello, la comisionada suspendida del IAIP Liduvina Escobar recordó que el instituto ya revirtió un criterio establecido previamente por él mismo, cuando declararon secreto el informe de probidad del propio Bukele, en octubre de 2020. Ahora, opina, es más grave ya que la consideración pasa a formar parte de la misma LAIP. «Ya incluirlo en la LAIP es totalmente contraria a los principios que le dan nacimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, porque el principio fundamental de la ley es el de máxima publicidad», comentó.

Asimismo, en las reformas propuestas por Bukele, se decide que toda la información oficiosa de la Asamblea Legislativa, Presidencia, Consejo de Ministros, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, Tribunal Supremo Electoral, Corte de Cuentas y Concejos Municipales pueda decretarse reservada. La información oficiosa, por ejemplo, incluye listados de asesores, remuneraciones mensuales, listados de viajes internacionales de funcionarios, informes sobre ejecución presupuestaria, contrataciones, compras, entre muchas otras.