5 de julio de 2022

Gobierno con deuda pública de $22 millones y se auguran más impuestos para los salvadoreños.

Los últimos reportes financieros señalan que esta nación enfrenta un endeudamiento que subió 92% en 10 años y este no para de crecer. Según datos del BCR, el déficit fiscal (que es la diferencia entre ingresos y gastos del Estado) llegó a los $2,477.9 millones, $1,652.63 millones más que en 2019, que indica un crecimiento de 200 %.

Es más, la deuda pública no ha parado de crecer y el año pasado superó los $22,625 millones, esto, de acuerdo a la última actualización del Banco Central de Reserva (BCR), monto que dobla el 2010 ($11,778.3 millones), y es el 89 % de lo que el país produjo en 2020. Lo anterior, representa un desafío para el gobierno y a la nueva legislatura, ya que deberá mantenerse firme en la promesa de no incrementar el IVA, ya que, al tener la mayoría en el congreso, no podrán achacar a la oposición la falta de acuerdos para solventar las deficiencias financieras.

Además debe invertir en salud, educación, medio ambiente, servicios básicos, pero sobre todo no castigar a la población con más impuestos y reducción de los subsidios de agua y gas. En lo que respecta el servicio básico del agua, el panorama no es muy alentador para los hogares salvadoreños y se espera que la medida de focalizarlo, impacte negativamente en los bolsillos, tal como sucedió con el subsidio del gas propano, que dejó a muchos fuera a pesar de comprobar que lo necesitaba.

Su focalización viene en agenda del gobierno de Bukele desde 2019 y se esperaba que en el 2020 fuera ejecutado, pero la crisis sanitaria por Covid-19 lo estancó y con la nueva legislatura, no cabe duda que se llevará a cabo a la menor brevedad. Para solventar esta situación, dicen los expertos, el presidente tiene dos propuestas, la primera es del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pide a cambio de otorgar más préstamos, subir el IVA, aumentar la edad de jubilación, eliminar subsidios, congelar salarios, despedir a empleados públicos a fin de reducir el gasto de las arcas del Estado.