5 de julio de 2022

Sala admite demanda contra ministro de Salud y directora del ISSS

La Sala de lo Constitucional de la república de El Salvador comunicó que admitió una demanda presentada por un ciudadano en contra del ministro de Salud, Francisco Alabi y en contra de la directora general del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala Guerrero, a quienes acusa de haber vulnerado sus derechos a la vida y la salud. Según se lee en la resolución de la Sala, el señor identificado como «JIRS» es una persona que padece de insuficiencia renal crónica terminal, quien necesita de tratamientos especiales para atender su enfermedad y además realizarse exámenes para un posible trasplante de riñón.

Según explica el demandante, el tratamiento le corresponde recibirlo en el Hospital General «San Pedro», de Usulután, pero en dicho lugar le han comunicado que no tienen cupo. Ante esto, presentó peticiones por escrito ante la directora del ISSS para ser admitido como paciente renal y para que le gestionara un trasplante renal y por otro lado, al ministro Alabi para poder recibir el tratamiento para su enfermedad en el Hospital San Pedro, sin embargo, tales peticiones no han tenido respuesta. Por otro lado, también indican que el ciudadano expone que a razón de «no ser cotizante del ISSS”, dicho tratamiento y trasplante debe ser brindado por medio del Convenio que existe entre el Ministerio de Salud y el ISSS, ya que “solo esta última institución tiene un programa de trasplante renal».

Adicionalmente, el demandante expresó que en el ISSS le manifestaron que «no darán tratamientos a pacientes renales ni tampoco realizarán procesos de trasplante hasta que finalice la pandemia por Covid-19». Frente a esas respuestas de las autoridades de Salud, el señor «JIRS» expuso que esas medidas ponen en riesgo su vida y denunció que la falta de acción por parte de las autoridades han vulnerado sus derechos a la vida y a la salud. Ante estos señalamientos y luego de la demanda interpuesta en la Sala de lo Constitucional, esta resolvió adoptar medidas cautelares y ordenó a los demandados asegurar de manera inmediata el tratamiento terapéutico y los medicamentos adecuados para el demandante.

La Sala además sumó que «el hecho de haberse decretado emergencia sanitaria por la pandemia por Covid-19 no puede convertirse en un límite para que el interesado tenga acceso a los servicios de salud». Así también instaron a las autoridades demandadas a informar si son ciertas o no las omisiones que se les atribuyen y además pronunciarse sobre el cumplimiento de la medida precautoria. El derecho a la salud, por su parte, está integrado por tres aspectos fundamentales: adopción de medidas para su conservación, asistencia médica y vigilancia de los servicios de salud.