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30 de noviembre de 2022

Por 152 víctimas Estado salvadoreño suma segunda denuncia ante CIDH por régimen de excepción

El Estado salvadoreño acumuló ayer una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por vulneraciones a la vida, libertad, integridad, protección judicial y garantías constitucionales de 152 personas detenidas durante el régimen de excepción.

Tutela Legal expuso que además de las violaciones a derechos humanos las familias no están recibiendo respuestas en los habeas corpus que han presentado y que existe negación del sistema de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no atender ninguna de las solicitudes.

«Se solicita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigar los hechos denunciados; se informe sobre la situación legal y procesal de las 152 personas detenidas que han presentado habeas corpus y se investiguen tratos crueles y torturas en las cárceles», argumentó la organización en su escrito ante la CIDH.

Alejandro Díaz, abogado de la oenegé, sostuvo que han argumentado a la Comisión los 1 mil 825 habeas corpus que han llegado a la Sala de lo Constitucional de la CSJ como solicitud de auxilio de los familiares, los 80 privados de libertad fallecidos en manos del Estado —según Medicina Legal— y el hacinamiento en las cárceles, junto a los casos de malos tratos y torturas.

La denuncia fue presentada el 23 de septiembre por Tutela Legal, Azul Originario y la Fundación Hermano «Mercedes Ruiz» (Fundahmer). Los 152 casos corresponden a igual número de hábeas corpus presentados por Tutela Legal desde abril de este año. El organismo ha acompañado al menos en tres ocasiones a diferentes grupos de familias que se han avocado al máximo tribunal de justicia durante el régimen de excepción.

«El sistema judicial está cooptado por el Ejecutivo y el partido oficial, es por eso que la anulación del habeas corpus se está dando, a pesar de que las familias están acudiendo como última instancia», denunció Alejandro Díaz, de Tutela Legal.

«Hay un colapso del sistema judicial y una anulación del recurso de habeas corpus, eso está bien claro y si no hay respuesta inmediata y mucho menos una admisión estamos hablando de una obstaculización de la justicia en estos casos, eso también se ha documentado ante la CIDH», agregó el abogado.

Las solicitudes fueron presentadas a la Sala para que esta solicitara informes de las arbitrariedades a las autoridades de investigación y fueran libertadas las personas detenidas bajo circunstancias de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, Tutela Legal sostuvo que los habeas corpus ni siquiera fueron admitidos en las instancias correspondientes.

Entre los casos expuestos al organismo internacional los denunciantes expusieron el caso de un niño que quedó huérfano con la captura de sus padres y el de tres activistas de derechos humanos que fueron detenidos por su labor.

La detención arbitraria de Romana de Vigil, de 72 años, fue el primer caso que se conoció y fue enviado a la CIDH el 5 de julio de 2022, luego de que sus abogados agotaran las instancias nacionales.

Romana fue capturada el 6 de mayo por defender a su nueva y pasaron 11 días para que una abogada pudiera localizarla en el sistema. Ese mismo día el Juzgado Especializado de Instrucción «B» de San Salvador realizaba la audiencia de imposición de medidas en la que no permitió la defensa de la abogada.

El juzgado tampoco quiso emitir medidas sustitutivas a la detención para Romana, pese a que ella tenía problemas de salud comprobados.

Las muertes

Respecto a las muertes de reos en diferentes centros penales durante el régimen de excepción y que, en algunos casos son enterrados en fosas comunes sin informar a las familias, el director ejecutivo de Tutela Legal, Ovidio Mauricio, sentenció que son asesinatos cometidos por el Estado.

«Son asesinatos cometidos por funcionarios del régimen de excepción, ministro de Justicia, Sala de lo Constitucional, presidente y los captores de la persona que fue detenida», denunció.

Añadió que lo mismo sucede si una persona muere porque le faltó medicamento. «Eso también es un asesinato, es comisión por omisión, porque el Estado tiene la obligación de brindarle a una persona detenida los recursos necesarios para que subsista», aseveró Mauricio.

Desde el 27 de marzo, cuando fue aprobada la medida por la Asamblea Legislativa, hasta el 26 de septiembre, cuando se cumplen seis meses consecutivos del régimen de excepción, han sido capturadas 53 mil 465 personas.

Las familias continúan denunciando y apoyándose en organizaciones defensoras de derechos humanos ante las detenciones arbitrarias y ante una CSJ que no emite respuestas.

Fuente: La Prensa Gráfica
Autor: Laura Jordan

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