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30 de noviembre de 2022

Gobierno salvadoreño elimina garantías de no repetición de ley de justicia transicional

La propuesta de ley de justicia transicional elaborada por el gobierno de Nayib Bukele deja por fuera lo relacionado con establecer controles a los cuerpos de seguridad para evitar que violaciones a derechos humanos como las ocurridas durante la guerra vuelvan a suceder, las llamadas garantías de no repetición.

LA PRENSA GRÁFICA tiene una copia del proyecto de ley elaborado por la vicepresidencia de la República, la cual fue validada por dos fuentes como el proyecto que será presentado por el oficialismo y que ya se encuentra en manos de los diputados de Nuevas Ideas que forman parte de la comisión de justicia y derechos humanos de la Asamblea Legislativa.

Al revisar el documento, y compararlo con la propuesta elaborada por organizaciones de víctimas del conflicto armado —presentado a la Asamblea en octubre de 2021—, el GOES no incluye las garantías de no repetición en la forma planteada por la sociedad civil.

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), las garantías de no repetición pueden comprender reformas legales, constitucionales, de justicia y seguridad, incluyendo políticas de depuración.

Asimismo, la ACNUDH enfatiza que estas garantías deben estar destinadas a «reforzar el papel de la sociedad civil, a poner fin a ataques y acosos contra actores de la sociedad civil, a empoderar a las mujeres, a las niñas y a los grupos y minorías que han sido tradicionalmente excluidos de la protección de la ley».

En ese sentido, las organizaciones incluyeron en su propuesta cuatro artículos titulados: «cumplimiento de órdenes», «límites para la FAES y el EMP (Estado Mayor Presidencial)», «límites para la PNC» y «otras medidas para las garantías de no repetición».

Entre otras cosas, la propuesta de las víctimas establece que todo militar y policía no está obligado a cumplir órdenes contrarias a la Constitución, que generen inestabilidad democrática o que resulten en violaciones a derechos humanos.

Asimismo, la normativa implicaría que ni la FAES ni el EMP puedan ingresar a instalaciones de carácter civil, educativo y democrático para tomar el control de estas o como parte de tomar el control del perímetro, y mucho menos sustituyendo al personal de seguridad de estas.

Así, la única autoridad de seguridad autorizada para ingresar a instalaciones sería la PNC, pero en coordinación con el personal de seguridad de las mismas; excepto cuando haya flagrancia de cometimiento de delito. Y aún en esos casos, la PNC no podría tomar el control de las instalaciones ni de su perímetro.

Sin embargo, dichos límites propuestos como garantías de no repetición fueron ignorados por el GOES en su propuesta. En lugar de ello, propone crear una estrategia general de comunicaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional, así como prohibir homenajes a represores y el uso de sus nombres en dependencia del Estado. Estas dos últimas, empero, son también propuestas contenidas en el proyecto de las víctimas.

Fuente: La Prensa Gráfica
Autor: Denni Portillo

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