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30 de noviembre de 2022

Gobierno blindará a la Fuerza Armada en su ley de justicia transicional

La Fuerza Armada de El Salvador (FAES) no estará obligada por ley a abrir los archivos de guerra y estará exenta de ejecutar proyectos de reparación a favor de las víctimas del conflicto armado, pero será parte del Consejo Nacional que articulará y coordinará la ejecución de los mismos en todas las instituciones del Estado.

Así quedará establecido de aprobarse la Ley Especial de Justicia Transicional para Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado salvadoreño, un proyecto de ley que el gobierno de Nayib Bukele ha elaborado y del cual LA PRENSA GRÁFICA posee una copia.

La propuesta ha sido elaborada por la vicepresidencia de la república, que encabeza Félix Ulloa, y consiste en 81 artículos, entre los cuales se abordan medidas de reparación, restitución, indemnización y rehabilitación, pero se dejan por fuera las garantías de no repetición relacionadas con poner límites al accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.

LA PRENSA GRÁFICA realizó una comparación entre el proyecto de ley elaborado por la vicepresidencia y el presentado por organizaciones de víctimas del conflicto armado a la Asamblea Legislativa en octubre del año pasado.

El resultado es que el proyecto es prácticamente el mismo, como si los autores de la propuesta gubernamental hubiesen copiado, íntegros, los artículos de las organizaciones sociales. La diferencia estriba, sin embargo, en las peticiones expresas referidas a la Fuerza Armada.

Donde las víctimas elaboraron una propuesta para evitar que se repitan violaciones a derechos humanos por parte del ejército o para garantizar que los archivos que la FAES guarda sobre el conflicto sean públicos, ahí el GOES aplicó borrador y dejó por fuera todos los artículos relacionados al tema.

LA PRENSA GRÁFICA confirmó la veracidad de la propuesta con dos fuentes que validaron el contenido del mismo bajo condición de anonimato.

Una de las fuentes, de la Asamblea Legislativa, confirmó inclusive que el proyecto de ley ya se encuentra en poder de los diputados de Nuevas Ideas que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; esto, pese a que el mismo no ha sido incorporado como pieza de correspondencia en ninguna plenaria reciente.

FAES, LA BENEFICIADA

Punto y aparte de los temas relacionados con medidas de reparación, restitución, indemnización o el reconocimiento de derechos tales como acceso a la justicia, igualdad, dignidad y no revictimización, los grandes agujeros del proyecto oficialista radican en todo aquello que toca a la Fuerza Armada.

Así, por ejemplo, como ha sido hasta la fecha, la FAES mantendrá en secreto todos los archivos del conflicto armado. La propuesta elaborada por organizaciones sociales incorporaba un artículo para garantizar el acceso a archivos militares y otro para que, por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), se califique como información oficiosa aquella relacionada a «operativos militares vinculados públicamente a la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado»; al mismo tiempo que se declaraba que toda esta información no podía declararse como reservada.

Sin embargo, en el proyecto elaborado por la Vicepresidencia, el artículo para garantizar el acceso a los archivos fue eliminado. Y si bien se incorpora un artículo para regir la información relacionada a la ley mediante la LAIP, se elimina el inciso que garantiza que los archivos militares se consideren información oficiosa.

Más evidentes son los cambios relacionados con el Sistema Nacional de Reparación Integral y Acceso a la Justicia (SIREPARA), y el Consejo Nacional de Verdad y Reparación Integral (CONREPARA). El primero es el grupo de instituciones del Estado que debe ejecutar los proyectos, programas y el contenido de la ley de justicia transicional, mientras el segundo es la autoridad que coordinará y vigilará el cumplimiento de la normativa.

En la propuesta de ley presentado por organizaciones de víctimas, el SIREPARA está conformado por 35 instituciones; incluyendo ministerios, órgano judicial, FAES, PNC, Fiscalía, PDDH, PGR, entre otras. Luego, en la propuesta de Vicepresidencia se incluyen 34 entidades: exactamente las mismas que propone la sociedad civil. La única que el GOES de Bukele deja fuera es la Fuerza Armada.

La coincidencia en las instituciones que conformarán el SIREPARA tiene otra curiosidad. En la propuesta presentada por las víctimas en octubre de 2021 se incluía a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), ya que la Asamblea oficialista aún no había disuelto estas cuando se presentó la iniciativa. En la nueva propuesta , pese a que ambas instituciones han sido disueltas, estas continúan apareciendo como parte del SIREPARA.

Luego, en el caso del CONREPARA, este debe articular y coordinar los programas de reparación, hacerse cargo del registro de víctimas del conflicto armado, rendir cuentas sobre el estado de los derechos a la verdad y reparación de las víctimas, entre otras funciones. Como tal, sería la cabeza de todo lo relacionado a la justicia transicional en el país.

En la propuesta de las organizaciones de víctimas, la propuesta es que el Consejo lo conformen ocho personas (cuatro del gobierno y cuatro no gubernamentales): los ministros de Gobernación, Hacienda, Salud y Educación, junto a cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de derechos humanos de las víctimas.

Al menos dos de estas deberían ser de organizaciones de víctimas.

La propuesta de las organizaciones es que las decisiones del CONREPARA se tomen por mayoría simple (cinco votos), siempre y cuando al menos dos de esos votos provengan de los representantes de la sociedad civil.

Sin embargo, en la propuesta oficialista, el gobierno modifica la propuesta y se asegura tener el control en la toma de decisiones. No solo eso: también convierte en juez y parte a la Fuerza Armada, institución señalada como principal responsable, por el número de denuncias en su contra, de las violaciones de los derechos humanos cometidos en la guerra, según la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.

Así, el gobierno propone que el CONREPARA lo conformen 10 personas (seis del gobierno y cuatro de organizaciones): los ministros de Gobernación, Hacienda, Salud y Educación, más los de Seguridad y Defensa. Los restantes cuatro cupos los deja: dos para representantes de organizaciones de víctimas y dos para representantes de las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas.

Luego, en otro cambio, el Ejecutivo no detalla cómo será el mecanismo de toma de decisiones del consejo. Deja esto para la elaboración del reglamento de la ley, el cual corresponderá a la presidencia una vez la ley entre en vigencia, lo que significaría que el consejo existiría pero no podría ejercer por falta de un reglamento que norme su funcionamiento.

El lunes 12 de septiembre, tras validar la copia del proyecto de ley, este medio gestionó con el departamento de comunicaciones de vicepresidencia una entrevista con el vicepresidente Félix Ulloa, o con quien la institución considerara pertinente para aclarar puntos sobre la normativa. Una integrante de dicho equipo dio por recibida la petición e indicó que se pasaría la misma al área correspondiente. Hasta el cierre de esta nota no hubo más notificación.

Fuente: La Prensa Gráfica
Autor: Denni Portillo

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